Si bien Planeación Nacional lo ubica como uno de los departamentos con mejor comportamiento, hay retos trascendentales en el mejoramiento del recaudo y de la ejecución presupuestal, por ejemplo.

El Atlántico cerró 2024 con uno de los mejores comportamientos fiscales entre los departamentos de Categoría Primera, al alcanzar 61,8 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del Departamento Nacional de Planeación.

El indicador mide la capacidad de los gobiernos territoriales para generar ingresos propios, ejecutar su presupuesto, sostener niveles adecuados de inversión y cumplir las reglas de disciplina fiscal.

Pese a este buen resultado, el departamento fue clasificado en la categoría “Vulnerable”, una franja que agrupa a los territorios que cumplen las reglas fiscales y de endeudamiento, pero que aún exhiben alta dependencia de las transferencias nacionales y moderados niveles de inversión, especialmente en infraestructura. En contraste, otros departamentos comparables obtuvieron puntajes inferiores a 51 y fueron clasificados “En riesgo”.

Resultado IDF, departamentos (2024)

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

¿Qué está en juego para la región Caribe si no actuamos ya?

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

• Por los diversos motivos asociados a la crisis de la región, los cortes de energía podrían volverse más frecuentes y extensos, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, empresas, colegios y servicios clave para la vida diaria.
• Sin un servicio eléctrico confiable, la región pierde competitividad. La inversión —tanto nacional como extranjera— se aleja, y con ella las oportunidades de empleo y bienestar para su población.
• La falta de soluciones sostenidas mina la confianza en las instituciones y alimenta la frustración social.
• Sin acceso a energía constante y de calidad, se amplían las brechas sociales y se profundiza la precariedad en barrios y municipios que ya enfrentan múltiples carencias.

¿Qué se necesita para salir de la crisis energética en la región Caribe?

Tras varios años de modelos fallidos, la solución no puede seguir siendo apagar incendios. La región Caribe requiere un nuevo modelo de prestación del servicio eléctrico que entienda su realidad social, climática y económica.

¿Qué implica esto?

• • Resolver de fondo la situación de Air-e, con una decisión definitiva del Gobierno (como la liquidación o reestructuración) que permita saldar deudas, garantizar la continuidad del servicio y recuperar la confianza.
  • Asegurar el pago de las deudas acumuladas por parte del Estado, especialmente las relacionadas con subsidios no transferidos y pérdidas reconocidas por el regulador, para no seguir afectando la caja de los operadores.
  • Diseñar un nuevo esquema de operación y regulación regional, que tenga en cuenta las condiciones diferenciales de temperatura, pobreza y expansión urbana de la región.
  • Fortalecer la planeación de la demanda y oferta energética a nivel territorial, incorporando energías renovables, almacenamiento y proyectos comunitarios.
  • Mejorar los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas sobre inversiones, calidad del servicio y gestión empresarial de los operadores.

Proyección del ahorro total, Atlántico (2000 – 2032)

Fuente: DNP – OEC y Gobernación del Atlántico – MFMP. Elaboración Fundesarrollo.

El futuro fiscal del departamento dependerá de la capacidad de convertir la disciplina actual en decisiones estratégicas. Solo con planificación realista, mayor eficiencia en la inversión y fortalecimiento del recaudo podrá el departamento enfrentar los retos estructurales y garantizar estabilidad y crecimiento sostenibles a largo plazo.

Publicado en El Heraldo el 27 de diciembre de 2025.

Si bien Planeación Nacional lo ubica como uno de los departamentos con mejor comportamiento, hay retos trascendentales en el mejoramiento del recaudo y de la ejecución presupuestal, por ejemplo.

El Atlántico cerró 2024 con uno de los mejores comportamientos fiscales entre los departamentos de Categoría Primera, al alcanzar 61,8 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del Departamento Nacional de Planeación.

El indicador mide la capacidad de los gobiernos territoriales para generar ingresos propios, ejecutar su presupuesto, sostener niveles adecuados de inversión y cumplir las reglas de disciplina fiscal.

Pese a este buen resultado, el departamento fue clasificado en la categoría “Vulnerable”, una franja que agrupa a los territorios que cumplen las reglas fiscales y de endeudamiento, pero que aún exhiben alta dependencia de las transferencias nacionales y moderados niveles de inversión, especialmente en infraestructura. En contraste, otros departamentos comparables obtuvieron puntajes inferiores a 51 y fueron clasificados “En riesgo”.

Resultado IDF, departamentos (2024)

Fortalezas operativas y contrastes internos

Los componentes del IDF revelan que el Atlántico mantiene fortalezas operativas sólidas. El departamento muestra una menor dependencia relativa de las transferencias nacionales, un buen comportamiento de su cuenta corriente y la capacidad de generar excedentes después de cubrir sus gastos recurrentes. Este margen le ha permitido contar con una mayor holgura fiscal y destinar recursos a inversión en condiciones más favorables que otros territorios comparables.

Pero al revisar la ejecución presupuestal, el panorama cambia. El departamento registró la menor proporción de inversión ejecutada frente a lo programado y fue el segundo departamento con más baja recaudación frente a la meta.

A esto se suma que no obtuvo la bonificación por esfuerzo propio, un indicador que premia el crecimiento del recaudo tributario y no tributario.

Una década de presiones acumuladas

El estudio de Fundesarrollo “Finanzas departamentales en el Atlántico: análisis de diez años de gestión fiscal” aporta contexto para interpretar los recientes resultados fiscales. Entre 2013 y 2023, los ingresos del departamento crecieron 4% en términos reales, mientras el gasto aumentó 39%, consolidando un déficit estructural y recurrente.

El endeudamiento se ha convertido en un factor crítico: En la última década, la deuda del Atlántico se cuadruplicó, y entre 2022 y 2023 creció un 51% en términos reales. El servicio de la deuda siguió la misma tendencia: los pagos de intereses son hoy 4,7 veces mayores que hace diez años.

Rezago en inversión y recaudo

El Atlántico muestra la menor inversión per cápita entre los departamentos comparables, con una caída del 96 % en inversión en infraestructura entre 2013 y 2023.

En materia de recaudo, los desafíos persisten. Por ejemplo, el impuesto a la cerveza recaudó en promedio $55.900 por habitante, menos de la mitad de lo logrado en Boyacá y por debajo de Meta, Santander y Bolívar. Comportamientos similares se observan en licores y la sobretasa a la gasolina, lo que evidencia una base gravable más limitada y concentrada en sectores de menor dinamismo económico.

Proyecciones sobredimensionadas

El estudio advierte que las proyecciones oficiales de mediano plazo presentan desviaciones importantes frente a las tendencias históricas. Según el análisis, se sobreestiman los ingresos en $500 mil millones y el ahorro en $1,1 billones, mientras que se subestima el gasto en más de $700 mil millones hacia 2032.

Estas diferencias refuerzan la necesidad de alinear la planificación fiscal con escenarios más realistas, para evitar que el desequilibrio estructural se profundice.

Proyección del ahorro total, Atlántico (2000 – 2032)

Un equilibrio con retos de fondo

Aunque el Atlántico mantiene resiliencia operativa y una posición favorable frente a departamentos similares, persisten retos estructurales que podrían afectar su estabilidad fiscal. El endeudamiento creciente, la baja capacidad de inversión, los rezagos en el recaudo y las dificultades en la ejecución presupuestal configuran un escenario que requiere ajustes sostenidos.

El futuro fiscal del departamento dependerá de la capacidad de convertir la disciplina actual en decisiones estratégicas. Solo con planificación realista, mayor eficiencia en la inversión y fortalecimiento del recaudo podrá el departamento enfrentar los retos estructurales y garantizar estabilidad y crecimiento sostenibles a largo plazo.

Publicado en El Heraldo el 27 de diciembre  de 2025.

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

¿Qué está en juego para la región Caribe si no actuamos ya?

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

• Por los diversos motivos asociados a la crisis de la región, los cortes de energía podrían volverse más frecuentes y extensos, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, empresas, colegios y servicios clave para la vida diaria.
• Sin un servicio eléctrico confiable, la región pierde competitividad. La inversión —tanto nacional como extranjera— se aleja, y con ella las oportunidades de empleo y bienestar para su población.
• La falta de soluciones sostenidas mina la confianza en las instituciones y alimenta la frustración social.
• Sin acceso a energía constante y de calidad, se amplían las brechas sociales y se profundiza la precariedad en barrios y municipios que ya enfrentan múltiples carencias.

¿Qué se necesita para salir de la crisis energética en la región Caribe?

Tras varios años de modelos fallidos, la solución no puede seguir siendo apagar incendios. La región Caribe requiere un nuevo modelo de prestación del servicio eléctrico que entienda su realidad social, climática y económica.

¿Qué implica esto?

• • Resolver de fondo la situación de Air-e, con una decisión definitiva del Gobierno (como la liquidación o reestructuración) que permita saldar deudas, garantizar la continuidad del servicio y recuperar la confianza.
  • Asegurar el pago de las deudas acumuladas por parte del Estado, especialmente las relacionadas con subsidios no transferidos y pérdidas reconocidas por el regulador, para no seguir afectando la caja de los operadores.
  • Diseñar un nuevo esquema de operación y regulación regional, que tenga en cuenta las condiciones diferenciales de temperatura, pobreza y expansión urbana de la región.
  • Fortalecer la planeación de la demanda y oferta energética a nivel territorial, incorporando energías renovables, almacenamiento y proyectos comunitarios.
  • Mejorar los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas sobre inversiones, calidad del servicio y gestión empresarial de los operadores.

Consulta aquí vía El HERALDO