Columna de opinión | La competitividad es un concepto que surge como parte de las teorías de comercio hace más de tres siglos atrás y los estudios realizados sobre el tema, señalan el papel preponderante que tiene en la contribución para lograr un desarrollo sostenido en los territorios que incida en el bienestar de la población. Este concepto, no solo se reduce a la dimensión económica, ya que para lograr ser competitivos implica también crear las condiciones necesarias que promuevan un desarrollo social, como por ejemplo, infraestructura física (vías, transporte, servicios públicos, telecomunicaciones etc.) y la inversión en capital humano, tecnología y producción científica que contribuyan a lograr procesos productivos mucho más eficientes. Ser competitivos es una condición necesaria más no suficiente para poder sobrevivir en el mundo actual globalizado.
Sin embargo, la construcción de las capacidades competitivas en un territorio está relacionada con políticas territoriales que logren integrar los sistemas locales empresariales que permitan promover el desarrollo de los territorios, pero para conseguirlo, es necesario el impulso de la articulación público-privada y de esta manera, poder encontrar importantes oportunidades para potencializarla.
Tanto el Gobierno central como local han avanzado en la construcción de indicadores para medir los niveles de competitividad y conocer cómo las regiones de un país administran los recursos y capacidades para aumentar la productividad empresarial y el bienestar de la población. Uno de estos indicadores es el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), un ejercicio que viene realizando desde el 2018 el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario para medir el estado competitivo de las 32 ciudades capitales en Colombia con el objetivo de que pueda ser usado como insumo para la gestión de gobiernos locales. Los resultados de este indicador en 2022 reflejan la heterogeneidad en el desarrollo económico y social de las principales ciudades de la región Caribe; en los últimos lugares se encuentran Riohacha, Sincelejo, Valledupar; en los puestos 14 y 15 Cartagena y Santa Marta y en dentro de los 10 primeros Barranquilla. El caso de Cartagena es particularmente interesante, puesto que en los pilares del ICC que peor le va, relativo con las ciudades que ocupan las primeras posiciones, es en donde más recursos asigna; es decir, a los sectores de educación y salud. Un posible ejemplo de cómo la ineficiencia en el gasto público puede afectar la construcción de sociedades más prosperas, competitivas y con mayores niveles de bienestar.
*Oriana Alvarez Vos* – Directora Ejecutiva de Fundesarrollo
Publicado el 14 de abril de 2023
El Heraldo