Publicado el 19 de marzo de 2021
Por Oriana Álvarez
Colombia tiene un largo historial de reclutamiento forzoso de menores, convirtiéndose en una de las problemáticas sociales más complejas.
El conflicto armado colombiano ha impactado a la niñez y adolescencia con diversas tipologías de violencias –asesinatos, reclutamientos, ataques a escuelas u hospitales; violencia sexual– que vulneran sus derechos humanos y tienen repercusiones que pueden durar toda la vida. Los niños y las niñas también son afectados por el uso indiscriminado de minas antipersonas, y víctimas del fuego cruzado de los grupos armados.
Colombia tiene un largo historial de reclutamiento forzoso de menores, convirtiéndose en una de las problemáticas sociales más complejas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1969 hasta el 2016 han sido incorporados 16.879 infantes, correspondiendo el 70% niños y 30% niñas, quienes participan en el conflicto de diferentes maneras, ya sea como cocineros, reclutadores, combatientes, informantes, instalando minas antipersonas, explosivos o trabajando en la minería ilegal.
Una de las consecuencias más graves, es el impacto psicosocial en la población infantil y adolescente. La recuperación por parte de los menores al reclutamiento forzoso puede tomar años, no solo por el trauma sicológico y físico, sino también por la pérdida en el desarrollo de habilidades sociales que crean enormes barreras para la reincorporación a la sociedad. Estos jóvenes pierden años de educación, tienen dificultades en regresar a las escuelas, de acceder a la educación superior y posteriormente ingresar al mercado laboral.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la base de violencia del Centro Nacional de Memoria Histórica y los resultados en las pruebas Saber 11, aquellas zonas en donde hay presencia de reclutamiento forzoso la asistencia escolar es alrededor del 70%; un poco más de la mitad de la población en edad escolar repite grado, y la calidad de la educación es más baja que el promedio nacional. Adicionalmente, se caracterizan por tener altos niveles de pobreza, violencia doméstica y otras vulnerabilidades sociales.
En este contexto, es importante recordar que la población menor reclutada en el conflicto armado es el resultado de la desprotección histórica y social, de la cual han sido víctimas; unido al difícil acceso del sistema educativo, salud y recreación, ha generado que los grupos armados representen, –al menos, en el imaginario de la niñez y la juventud– un mecanismo de “salvamento” de su condición humana. Si la niñez aprende valores como la tolerancia, el respeto, a vivir en paz, a tener acceso a la educación y otras oportunidades sociales, dejará de convertirse en instrumento de guerra.
De esta manera, se hace necesario seguir avanzando por parte del Estado colombiano en el proceso de paz, en aumentar esfuerzos para proteger los derechos de los niños y las niñas con atención diferencial y étnica; y en el desarrollo de estrategias de intervención, encaminadas a la prevención del reclutamiento forzoso de niños, niñas y jóvenes para atacar las condiciones de desigualdad, pobreza y falta de oportunidades que caracterizan a las regiones más rezagadas del país.