Publicado el 31 de mayo de 2020
Columnas de opinión
El número de contagiados y la radiografía en materia de salud que bien describe el Procurador, tiene un efecto directo sobre la economía de Atlántico, frente a la cual, según un reciente estudio publicado por Fundesarrollo, como consecuencia del COVID-19 habría pérdidas económicas en el departamento entre 0,5% y el 6,1% de su PIB mensual, por cada mes de aislamiento.
Atlántico, uno de los departamentos del Caribe colombiano con mayor crecimiento económico y desarrollo en términos industriales y de servicios, enfrenta un reto enorme ante la coyuntura del COVID-19, como lo es controlar el número de contagios en sus municipios, ampliar la capacidad de la infraestructura en salud para atender la crisis actual y establecer una estrategia clara para garantizar la supervivencia del sector productivo. La carta que fue remitida por el Procurador General de la Nación al Ministerio de Salud y de Protección Social, da cuenta que las alertas son pocas para el nivel de gravedad en control del COVID-19 en Atlántico. Como lo advierte Fernando Carrillo en su comunicación hay una ocupación del 90% de las camas de cuidados intensivos en Barranquilla, 100% en Soledad y 60% en Sabanagrande. Si se mira desde las cifras nacionales, el panorama no es menos desalentador, toda vez que Atlántico es el segundo departamento con mayor número de contagios en el país.
Al respecto, hay varios asuntos que se deben tener en cuenta para controlar el número de contagios, como lo es asumir que las decisiones que se adopten en las alcaldías y la gobernación deben tener en cuenta en su formulación factores culturales y de idiosincrasia local, para que dichas determinaciones tengan resultados efectivos. De lo contrario en municipios como Soledad, donde la cuarentena no ha tenido los efectos esperados y sus habitantes han desconocido el nivel de gravedad de la pandemia, el sistema de salud colapsará y miles de vidas en todo el departamento se pondrán en riesgo, lo que se haría extensivo a toda la región.
Por otra parte, el Ministerio de Salud, tal como lo solicita la Procuraduría, deberá asesorar y brindar acompañamiento al departamento y a los municipios, de modo que puedan trazar un plan para fortalecer la atención a contagiados y se establezcan protocolos que respondan a la realidad de los territorios.
El número de contagiados y la radiografía en materia de salud que bien describe el Procurador, tiene un efecto directo sobre la economía de Atlántico, frente a la cual, según un reciente estudio publicado por Fundesarrollo, como consecuencia del COVID-19 habría pérdidas económicas en el departamento entre 0,5% y el 6,1% de su PIB mensual, por cada mes de aislamiento.
Ahora, para entender qué impacto tendrá el COVID-19 y qué medidas se deben ir adoptando en la recuperación de la actividad productiva, la gobernación deberá establecer un canal de comunicación efectivo con los diferentes sectores para entender el alcance de sus necesidades, vincular sus procesos productivos con el diseño de protocolos de bioseguridad y con la apertura progresiva de actividades que fueron ampliamente restringidas. Para responder a este reto deberá haber un apoyo integral de las diferentes instituciones del orden nacional tanto a la gobernación como a las alcaldías, lo que dejará entrever a corto y mediano plazo si el protagonismo que se le ha dado al gobierno nacional es razonable o inmerecido.