Publicado el 7 de mayo de 2020
Las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran gran parte del empleo y del tejido productivo del país, están en dificultades. Muchas se quejan de que no llegan los recursos y que los tiempos se agotan. ¿Qué pasa?
En 1892, Mortimer De Lima fundó en Barranquilla Fundiciones De Lima. Hoy, la cuarta generación de la familia administra la empresa dedicada a fabricar accesorios para las redes de acueductos, como rejillas para desagües, distribuciones de medidores, válvulas y tubería en hierro dúctil.
El sector de aguas mantiene sus operaciones básicas en medio de la cuarentena, pero hoy Fundiciones De Lima atraviesa una situación compleja. “Lo que venía creciendo se paró en seco. Triple A de Barranquilla, Aguas de Cartagena y la empresa de acueducto de Sincelejo nos pidieron seguir operando mientras pasa la cuarentena. Por eso seguimos trabajando, pero con una producción al 15%. Todo lo demás se paralizó desde el 25 de marzo”, dice Rodrigo De Lima, gerente de la compañía.
La empresa tiene 150 empleados y facturó en 2019 $24.000 millones. Puede producir entre 150 y 180 toneladas de hierro dúctil fundido en accesorios. Además exporta a Panamá y Costa Rica.
En la actualidad tiene 50 empleados en la planta y otros 100 en casa, en vacaciones colectivas anticipadas. “El problema es caja”, dice De Lima. “Teníamos recursos para pagar la quincena del 30 de marzo y parte de la del 15 de abril. Dios proveerá para la del 30 de abril. Para la quincena del 15, le dijimos a la gente que íbamos a pagar el 70% entre el 15 y el 16 y entre el 18 y el 20, lo demás. Nunca lo habíamos hecho, pero la gente lo entendió”.
¿Y los anuncios del Gobierno? “De los bancos solo hemos recibido que hayan rodado a tres cuotas las obligaciones financieras. Duramos 19 días desde el inicio de la cuarentena detrás de los bancos. Les firmé cualquier cantidad de pagarés a uno y a otro, pendientes de sacar una línea de crédito y nada. Al final tocó romper esos pagarés porque la alta gerencia del banco cambió las condiciones. Lo voy a decir clarito: una cosa es lo que dicen allá arriba y otra cosa es lo que padecemos. No ha habido una línea de las tantas que han hablado que les haya dado a una empresa como la nuestra. No sé cómo será para las que están comenzando y las pequeñas que no tengan historia comercial”, sentencia De Lima.
La historia se repite hoy por miles. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) suman en Colombia cerca de 1,6 millones de compañías, según Acopi. Representan más de 8 millones de empleos formales, 99% del tejido empresarial y 40% del PIB.
Su mayor problema hoy es el flujo de caja: no tienen ingresos y las pocas que tienen ahorros los están agotando. Según Rosmery Quintero, presidente de Acopi, 82,43% de las Pymes consultadas en una encuesta manifestó no contar con recursos para enfrentar esta situación.
De acuerdo con un análisis de Corficolombiana, las grandes empresas en Colombia, en un escenario de cero ventas, podrían tener un margen de maniobra de entre 1 y 2 meses. Han aparecido cálculos con distintos rangos de ‘aguante’, pero más allá de considerar los flujos de caja, la liquidez y los distintos escenarios financieros, hay dos cosas claras. Una, la sorpresa y lo imprevisto de la situación que llevó a casi apagar la economía; y dos, como explica Julieta Dorado, una empresaria del Valle del Cauca: “las Pymes no tenemos ahorros ni caja. La plata la movemos a diario y vivimos del día a día”, sentencia.
La gran preocupación es cuidar el empleo. Los analistas coinciden en que, si se destruyen puestos de trabajo, recuperarlos en el corto plazo será muy difícil. Sin embargo, no será fácil. La parálisis de la actividad económica tiene a la economía en cuidados intensivos. Fedesarrollo en su más reciente informe plantea el mejor de los escenarios en una caída en la economía de 2,4%. Y espera que la tasa de desempleo aumente a un rango entre 15% hasta más de 20%.
Por su parte, el Gobierno también se alista para recibir un gran número de empresas a régimen de insolvencia –reestructuración de deudas o liquidación–.
En total hay 2.427 empresas en régimen de insolvencia y de ellas 208 son micro; 976 pequeñas y 802 medianas. Es decir, más de 80% de las empresas son Mipymes.
Proyecciones de la Superintendencia de Sociedades plantean que a más pequeña la empresa, más expuesta está de volverse insolvente y hace cálculos de lo que puede pasar.
En el escenario optimista, con un crecimiento de PIB 2% y una contracción industrial de 1,4%, unas 1.580 empresas podrían declararse en insolvencia. En el moderado, donde se estima que el PIB crezca 0,6% y con una caída industrial de 2,7%, unas 2.301 compañías serían las que se irían a insolvencia. Y en el pesimista, con un registro de la economía de -1,9% y la contracción del PIB industrial del 4,9%, unas 2.676 empresas se someterían a ese modelo. Pero la caída puede ser superior a -2%.
“Los efectos macroeconómicos y microeconómicos de la coyunta del virus covid-19 podrían contraer la economía a tal punto que este inventario de procesos de insolvencia aumentaría entre 4.280 y 5.376”, dice la entidad en su informe.
¿Cómo sobrevivir?
Al cierre de esta edición, el Gobierno ya había dado vía libre a la reactivación de algunos sectores clave en el desarrollo económico, como construcción, obras civiles y manufacturas.
Uno de los principales objetivos es mantener los empleos y darles a las empresas flujo de caja y liquidez para atender sus obligaciones, en especial, las de nómina.
En el tema laboral, las empresas mandaron a sus trabajadores a vacaciones, otras concertaron licencias no remuneradas, unas más ya iniciaron procesos de suspensión de contratos y otras han despedido empleados. Incluso algunas han acordado con sus trabajadores reducir sus salarios.
Allí no hay mucho margen de maniobra y por el contrario están a la espera de decisiones, como el pago de parafiscales. De otro lado, Fenalco propuso un esfuerzo tripartito para atender la nómina de los trabajadores: que los empleadores asuman una tercera parte, el Gobierno otra tercera parte y los empleados disminuyan sus ingresos.
En el frente de los recursos, el Gobierno empezó a alistar la artillería para ayudar a las empresas, luego de atender en forma prioritaria las necesidades de la salud y de las personas más vulnerables.
Para esta ayuda empresarial en sus procesos de liquidez, Bancoldex sacó dos líneas: Colombia responde por $250.000 millones; y Colombia Responde para Todos con $350.000 millones. Además, puso en operación las primeras 4 líneas regionales que suman más de $300.000 millones, y se alistan planes para otras 20 regiones. Estos recursos, en más de 70%, según esta entidad financiera, van para Mipymes.
Y la otra movida, fue por el lado del respaldo: el Fondo Nacional de Garantías (FNG) sacó garantías que respaldan en $12 billones para nómina, $3 billones para capital de trabajo y un billón para independientes. Y pasó de una cobertura de garantías de 60% a 90%, disminuyendo los riesgos para la banca, llamada a hacer los préstamos. Sin embargo, ahí estalló Troya.
Al parecer, el Gobierno creyó que con la garantía los bancos iban a hacer las cosas rápido, pero eso no funcionó.
Las quejas sobre las dificultades para acceder a los recursos fueron aumentando. En el Congreso, en debates de control político acusaron a los bancos de no irrigar estos recursos.
Hasta el presidente Iván Duque entró en el debate. En una entrevista en La FM se despachó: “No voy a permitir que haya instituciones que quieran actuar como vampiros”.
La respuesta de los bancos llegó al final de la semana. En un comunicado de Asobancaria, señalan que desde que inició la problemática ocasionada por la covid-19 han implementado una serie de medidas con el objetivo de aliviar el flujo de caja de las personas y empresas afectadas por la emergencia sanitaria, social y económica.
“Estas medidas han beneficiado a más de 6 millones de colombianos, personas y empresas, que han podido obtener periodos de gracia y refinanciar sus créditos por un valor total de $137,5 billones”.
Agregan en su comunicado que se crearon nuevas líneas de crédito dirigidas a profesionales independientes, micro, pequeños y medianos empresarios afectados por la emergencia económica –que cuentan con respaldos de hasta 90% del FNG–. Desde el 20 de abril y hasta el viernes 24, los bancos han realizado 54.789 solicitudes de garantías equivalentes a $4,6 billones, que se convertirán en créditos para el pago de nómina de 32.613 pymes y microempresas beneficiadas, por un valor equivalente a $2,8 billones.
“A esto se suman $23,5 billones desembolsados en otras líneas de crédito entre el 24 de marzo y el 17 de abril. De estos, $18,8 billones fueron para Pymes y grandes empresas y $2,3 billones para créditos de consumo de personas naturales”.
Sin embargo, muchas de estas Mipymes ya venían con una alta carga de deuda. “Tener la gente sin producir es un gasto y genera unos problemas de pasivos; después podemos terminar no siendo sujetos de crédito porque los indicadores se van a desmejorar mucho. Se va a generar un pasivo sin estar produciendo”, dice el empresario Álvaro Manotas.
Las propuestas
Por eso ahora, en medio de la discusión de los recursos vía crédito a las empresas para pagar sus nóminas, llegan propuestas mucho más agresivas.
Unos plantean arbitrar recursos directamente del presupuesto nacional a los bancos para que estos canalicen los recursos a las compañías a plazos largos (10 años) y que así las empresas puedan reactivarse, obviando los análisis de riesgo que usualmente realizan. Al final, creen estos analistas, el Gobierno de todas maneras le va a tocar responder y es mejor que lo haga de una vez contra el déficit fiscal.
Otros expertos buscan proteger el empleo. Acopi, junto con Fundesarrollo en la Costa Caribe, han diseñado una iniciativa que busca subsidiar la nómina con un principio de proporcionalidad, en un plan social de retención de empleo.
“Inicialmente, analizamos los sectores con mayor vulnerabilidad, el cual arrojó una cobertura para 7,8 millones de trabajadores asociados a estas actividades y un costo de $6,8 billones mensuales”, dice Quintero. Este programa social debe llenar los siguientes criterios: ir dirigido a empresas formales, podría presentarse la posibilidad de disminuir salarios hasta en 30%, siempre y cuando no lleguen a menos del salario mínimo, debe tener una duración de tres meses y las empresas deben mantener los puestos de trabajo. Además, las empresas para hacerse beneficiarias deberán evidenciar la caída en sus ingresos de 30%.
“En un país como Colombia donde hay 9,2 millones de ocupados formales que ganan $14,6 billones mensuales, en distintos escenarios serían $7,2 billones mensuales (0,8% del PIB); en otro unos $5 billones y en uno más, $3 billones”, dice Kelina Puche, de Fundesarrollo.
Por su parte, los economistas Jorge Humberto Botero y Eduardo Lora propusieron subsidiar parte del salario de unos 3,6 millones de empleados del sector privado en el país. Eso le costaría al Gobierno cerca de $3,16 billones en un mes. Sería fundamental para mantener a flote la actividad productiva y evitar una debacle de la economía, en especial porque no todas las empresas van a sobrevivir a punta de préstamos.
Sin embargo, estas propuestas llegan en una situación fiscal complicada: para el año entrante se calculan menores ingresos por al menos 1,5 puntos del PIB –unos $15 billones–, por la caída de los precios del petróleo y la entrada en vigencia de la reforma tributaria. Además, los recursos no serán suficientes para atender el golpe del coronavirus.
En el corto plazo el panorama no es favorable. La demanda podría bajar y el rebote de la economía demoraría porque el consumo se verá afectado. La capacidad de compra y la demanda interna estarán amenazadas y las empresas disminuirán su capacidad de inversión.
A pesar de todo, el país deberá buscar los mecanismos para proteger el empleo y las empresas. Es mejor tener un tejido empresarial activo y disponible a la hora de la reactivación económica, que empresas quebradas, liquidadas y un desempleo desbordado. Pero el tiempo se agota.
‘Nadie le presta a un quebrado’
Cuando llegó el aislamiento por el coronavirus, los pequeños hoteleros, dueños de hospedajes, hostales y moteles en Bogotá no habían terminado de reponerse del paro del 21 de noviembre .
Para John Alexander Alvarado, que dirige la agremiación Inhotelcol –que agrupa cerca de 650 firmas–, noviembre y diciembre fueron meses muy complejos. Venían con muchas expectativas para este año, pero la crisis desatada por la pandemia los ha puesto en una situación muy difícil. “Hemos ido a solicitar los créditos con los que nos ha ilusionado el Estado, pero no tenemos una base sólida para respaldarlos. A 70% de las personas que han ido se los han negado. Nadie le presta a un quebrado”, dice Alvarado.
La complejidad es mayor porque un alto porcentaje funciona con contratos de arrendamiento. “El último decreto no fue benéfico para quienes tienen contratos de arrendamiento. Deben devolver todo el canon. Pueden pactar la mitad del canon pagándolo ahora y luego pagar la diferencia en el tiempo. Pero cómo se paga si abre en julio o agosto, con qué ventas”, agrega. Calcula que cerca de 30% de las empresas van a entrar en liquidación y las otras, esperan al 11 de mayo para ver cómo funciona la reapertura de la economía. Sin embargo, no hay muchas esperanzas. “La industria del ocio y el entretenimiento va a estar afectada –dice Alvarado-. El Estado dice que puede durar un año. Así, estamos quebrados. El único que se mantendrá es el propietario del inmueble, liquidando la empresa y luego reabriendo. Para otros sectores puede haber una salida, pero para nosotros no”, puntualiza.
‘No sé si los proyectos se vuelvan realidad’
Hace poco más de 12 años, Fernando Del Corte montó una planta de carpintería arquitectónica en la zona franca de Cúcuta. Fabrican módulos y gabinetes de cocina, closets, muebles para baño y puertas para proyectos de estratos de ingresos medios y altos. Además, tienen puntos de venta en Cúcuta, Bogotá, Cali, Barranquilla y se preparaban para abrir uno en Bucaramanga cuando llegó el aislamiento. “Venimos de dos años muy duros. El año pasado tuvimos pérdidas porque el sector construcción, que es un 50% de nuestra actividad, se cayó. La construcción en los últimos años en Colombia ha estado muy deprimida en los sectores de estratos medio y alto”, dice Del Corte. A finales del año pasado hubo una reactivación, y este arrancó con buena dinámica. Había luz al final del túnel, pero se apagó. “Ahora estamos en medio de la incertidumbre. No sé si todas las cosas que estaban en proyecto se vuelvan realidad”, agrega.
La planta de producción paró, y solo algunos trabajadores administrativos y de diseño laboran en trabajo remoto. Y el personal de ventas está en capacitaciones de dos horas diarias.
Hasta el 15 de abril le alcanzó el oxígeno y ya la empresa tuvo que suspender contratos. “Me tocó parar porque los bancos no me ayudaron. No me han dicho ni sí ni no. Me piden todos los papeles, y los envié inmediatamente. He hablado con los gerentes de los bancos y dicen que depende de Bogotá… que están estudiando… que el riesgo país… que no es fácil… que tengo deudas y los estados financieros del año pasado no fueron los mejores y que hay que esperar. Ni siquiera con el riesgo que asume el FNG, tampoco así”, advierte Del Corte.
‘Sin ayuda, no aguantamos dos quincenas más’
Indutrónica del Caribe, una empresa barranquillera de servicios de ingeniería e integradores de tecnología, ofrece soluciones al sector de manufactura, minería e industria. Tiene unos 70 empleados entre personal fijo y variable. “En los dos últimos años veníamos creciendo a dos dígitos. Y 2020 había iniciado con buena dinámica”, dice Álvaro Manotas, su gerente.
Cuando se detuvo la actividad económica, desarrollaba proyectos que súbitamente los clientes suspendieron. “Tuvimos que parar, retirar nuestra gente y llevarlos a casa. Y dejar mucho activo en inversión en el camino, de proyectos que después de que pase esto hay que irlos a terminar, pero quedamos con proyectos detenidos y con inversión pendiente de que nos cancelen facturas. Muchos ya nos han dicho que hasta que no pase esto no nos cancelan, algunos nos han ayudado un poco. Pero en general hay mucho dinero y activos detenidos”, agrega Manotas.
Sacaron gran parte del equipo a vacaciones y avanzan en el trabajo de bioseguridad y protocolos para muchas empresas. “No podemos lograr liquidez a partir de lo que estamos haciendo y lo que tenemos en este momento está invertido en los proyectos. Necesitamos capital de trabajo”, señala. Y puntualiza: “A menos que se concrete la ayuda de los bancos, creo que va a ser complicado soportar la nómina más de dos quincenas”.
‘No vamos a aguantar 15 días más’
Julieta Dorado maneja en Cali una rectificadora de motores con 40 años de historia. El negocio no venía bien: mayor competencia, el paro de noviembre y las marchas también los golpearon, y tuvieron que recurrir a créditos para fortalecer su estructura financiera. “Estábamos cojeando, pero con la esperanza de que el primer trimestre mejorara. Y al entrar la cuarentena y con la obligación de cerrar, ‘nos partimos la pierna’”, dice Dorado. La compañía cerró operaciones el 23 de marzo. Pero, explica, el arriendo no cierra ni las deudas tampopco. “Las ayudas que anuncia el Gobierno nos pueden servir. Estamos tratando de negociar el arriendo, pero no ha sido posible porque mi arrendador no me da la cara. Los bancos siguen cobrando las cuotas porque estamos endeudados. Dicen que nos dan dos o tres meses. Nos sirven y nos acogemos. Pero mis clientes no me pagan y lo entiendo”, explica Dorado. “Lo que pudimos pagar de nómina, la pagamos, que fue la primera quincena de marzo. Luego me tocó suspender contratos de trabajo”, agrega.
Dice que tuvo que suspender los contratos porque no hay posibilidad de teletrabajo. “Las máquinas están en la empresa. No puedo sacar el torno y llevarlo a la casa de un operario”. Normalmente factura unos $150 millones mensuales, pero desde el 23 de marzo no hace una sola factura. Accedió a un recurso con el banco que salió a una tasa más baja de lo normal y destacó los beneficios del Gobierno, en materia de 90% de la garantía. “Eso me aguanta un mes o dos meses. Pero si no me reactivo no puedo seguir”, señala. “La opción es salimos a trabajar o salimos a trabajar. No vamos a aguantar 15 días más, no podemos. Si de pronto conseguimos un préstamo a los 15 días siguientes estamos fregados porque tenemos que pagar y no tenemos de dónde”, puntualiza.
‘Hay cosas que sí pasan’
Ante la críticas de por qué no se están irrigando los créditos en las pequeñas y medianas empresas, Javier Díaz, presidente de Bancoldex, advierte que hay cosas que sí están pasando, como los nuevos productos que sacó este banco de segundo piso por $600.000 millones de las líneas Colombia Responde y Colombia Responde para Todos, más las líneas regionales y el Fondo Nacional de Garantías aumentando el respaldo a 90%. “Son soluciones que se han venido dando en espacio de 4 semanas que es muy poco tiempo. Las líneas Colombia y Colombia responde están ejecutadas al 80% y las regionales ya empezaron a colocarse”, dice.
Javier Díaz. Presidente de Bancoldex
Agrega que ya se verán los resultados con el FNG “y vamos a ver que la demanda de crédito para el pago de nóminas será brutal. En menos de una semana al aire se van a tener soluciones importantes para darle crédito a la gente que piensa que no está llegando, pero sí está llegando”. Resalta que, además de las líneas especiales de Bancoldex, están las tradicionales que se siguen colocando rápidamente. Según Díaz, para este momento de un año normal el banco tendría colocados $1,2 billones en desembolsos. Ya hoy superan los $2 billones en todas las líneas. Díaz explica que en lo que respecta a Bancoldex, la ayuda a la gran empresa máximo llega a entre 25% y 30%, “pero tampoco se puede estigmatizar a la gran empresa, porque es un jugador importante, sus ventas también se ven disminuidas”. Y el resto es a las Mipymes. El enfoque de las líneas del FNG es 100% para las MiPyme.“Las soluciones están llegando. Hay que darles tiempo para que acaben de cumplir su propósito y nosotros no paramos de diseñar”, dice Díaz.
El año pasado Bancoldex desembolsó $5,2 billones que fue un récord. Este año la cifra será similar. Habrá un esfuerzo adicional en las regiones: hoy hay 4 líneas y vienen 20 más. Ante las quejas para sectores que tardarán en recuperarse, Díaz señaló que la línea Colombia Responde –la de $250.000 millones–, se sacó inicialmente para los sectores de aviación, turismo, espectáculos públicos y sus proveedores. “Ahí se ha colocado 80% o más de los recursos en el sector turismo, que también incluye restaurantes”, explica. Díaz añade que hace 3 y 4 semanas los mercados estaban muy apretados en términos de acceso a mercado y de tasas. “Pero hemos visto positivamente que los mercados se han vuelto a abrir. El fondeo está siendo más accesible. En la medida en que la normalidad vuelva, así no sea de una forma rápida, los mercados financieros están ahí. Vamos a poder apalancar recursos para satisfacer necesidades. Eso no significa que le va a llegar un crédito a todo el mundo, pero que habrá capacidad de apalancamiento, sin duda”, señala.