enero 07 2021 0Comentario

¿Cómo se causan y adónde se van nuestros impuestos en Barranquilla?

Publicado el 7 de enero de 2021

Por Kelina Puche

Los retos del actual Gobierno distrital pasan por mantener la inversión social y en infraestructura a pesar de unas finanzas públicas debilitadas.

En los últimos 5 años (2015 – 2019) el promedio de los ingresos totales de Barranquilla —en precios constantes de 2018— ha sido de 2.9 billones de pesos. A causa de la pandemia, hasta septiembre de 2020, los ingresos del distrito alcanzaban una suma de 2.0 billones de pesos corrientes, una cifra 23 % menor a la registrada en el mismo periodo del año 2019. Esta disminución en el recaudo pone en riesgo la capacidad de ejecutar inversiones públicas, y de ofrecerle bienes y servicios necesarios a la ciudadanía como la atención a grupos vulnerables, la ejecución de ciertas obras de infraestructura, prestación de servicios sociales y mantenimiento de las escuelas distritales de cultura, entre otros.

Los ingresos totales de la ciudad se clasifican en dos grandes grupos que a su vez se dividen en otros subrubros menores. Los dos grandes grupos son: los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Los primeros (ingresos corrientes), a su vez, se dividen en ingresos tributarios (ingresos por conceptos de impuestos) y los no tributarios (corresponden a los ingresos por concepto de tasas y tarifas, multas y sanciones, contribuciones y transferencias). Estos últimos se diferencian de los tributarios porque su hecho imponible involucra la obtención de un beneficio vinculado a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de un bien o servicio de dominio público.

Los ingresos de capital son los provenientes de la cofinanciación por parte del Gobierno departamental o del Gobierno nacional y recursos que la Alcaldía obtiene mediante créditos con entidades bancarias, entre otros.

Entre los ingresos tributarios, los de mayor participación son los impuestos Predial e Industria y Comercio, los cuales, entre enero y septiembre de 2019, representaron el 39 % y 36 % de los mismos.

La obligación por parte de los ciudadanos o empresas de pagar estos impuestos se causan por la posesión de una propiedad (en el caso del impuesto Predial) y por la explotación de una actividad económica vinculada a la suscripción de cada contrato que se haga en la jurisdicción de la ciudad. Asimismo, existen otros impuestos que aportan a los ingresos corrientes. Estos se causan, por ejemplo, cada vez que se realiza una transacción inmobiliaria, que se cometa una infracción de tránsito, que se quiera poner un aviso publicitario o se tenga un plan de telefonía.

Los ingresos provenientes de algunos de estos impuestos tienen una destinación específica. Es el caso de los ingresos por predial, desde 2019 hasta 2035, se realizarán giros anuales para la financiación de las obras de reconstrucción vial y canalización de arroyos. De los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público y de la sobretasa a la gasolina se comprometen montos para la financiación del proyecto de ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial y modernización de redes eléctricas del distrito de Barranquilla. El resto de tales recursos debe utilizarse, para el caso de la sobretasa a la gasolina, en el sistema de transporte masivo.

En la postpandemia, con mayores niveles de pobreza, preocupación por la inseguridad alimentaria e ingresos menguados, será todo un desafío mantener la atención social y la inversión en infraestructura, incluso de cara a unas finanzas públicas recibidas en estado de deterioro.

Por otro lado, el impuesto de espectáculos públicos (10 % del cobro al público asistente) es destinado para la construcción y mantenimiento de los escenarios deportivos. Otros conceptos de renta con destinación específica son la sobretasa bomberil que se cobra a las empresas industriales y comerciales con el fin de financiar el cuerpo de bomberos de la ciudad; el cobro de las estampillas para el bienestar del adulto mayor, y la procultura, que se realiza cuando se celebra un contrato con las entidades públicas dentro de Barranquilla, se expide una licencia de conducción o se autoriza un espectáculo público. La primera se destina a la construcción, instalación, mantenimiento, adecuación, dotación y funcionamiento de Centros de Bienestar y la segunda a financiar proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura. También se encuentra la estampilla prohospital, destinada al financiamiento del diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención en el Distrito de Barranquilla (Proyecto Hospitales). Este tributo se genera a la solicitud y expedición del estado de cuenta y/o paz y salvo de liquidación y pago del impuesto predial, necesario para llevar a cabo cualquier transferencia de dominio sobre una propiedad inmueble.

El impuesto sobre teléfonos urbanos que se paga al adquirir algún plan de voz o datos es otro impuesto con destinación específica: el 10 % del recaudo de este impuesto se destina a saldar el pasivo pensional de la antigua Empresa Distrital de Telecomunicaciones (Telefónica), mientras el 90 % restante se utiliza para la financiación del sector de deporte y para el desarrollo de actividades propias de cultura, conservación y mejoramiento de parques, espacio público y arborización.

Asimismo, los proyectos de inversión de alta relevancia para la ciudad como el proyecto de Malecón se financian vía endeudamiento y comprometen parte del resto de ingresos corrientes de libre destinación del Distrito.

Durante 2019, las prioridades de inversión sectorial de la ciudad se concentraron principalmente en salud y educación que participan con el 31 % y 28 %, respectivamente, del total de la inversión pública del distrito. Le siguen en su orden los sectores de promoción social (7 %), transporte (6 %), equipamiento (6 %), y fortalecimiento institucional (5 %). Los gastos de administrar la ciudad son del orden de los $381 mil millones para el año 2020, es decir un 12,5 % del total del presupuesto de gastos, de los cuales el 31 % se dirige al pago de la planta de personal y a los contratos por prestación de servicios con los que cuenta el distrito; otro 50 % se dirige a transferencias, principalmente para el pago de pensiones o aprovisionamiento de las mismas, como a las corporaciones autónomas regionales y el porcentaje restante hace referencia a la compra de bienes y servicios; y que en comparación con el resto de ciudades principales, luego de Cali, mantiene una relación alta entre gastos de funcionamiento respecto a inversión.

Finalmente, si bien los sectores sociales aun acaparan la mayor proporción de la inversión pública distrital, existe una amplia gama de rentas con destinaciones específicas en inversiones puntuales o para el pago de compromisos de deuda, entre las se que se destacan los proyectos de el Malecón, los Arroyos y los Hospitales. En la postpandemia, con mayores niveles de pobreza, preocupación por la inseguridad alimentaria e ingresos menguados, será todo un desafío mantener la atención social y la inversión en infraestructura, incluso de cara a unas finanzas públicas recibidas en estado de deterioro. Al menos así lo dejan ver las últimas cifras del índice publicado por el Departamento Nacional de Planeación —DNP— para 2019 sobre desempeño fiscal, que refleja amplias debilidades en ejecución de la inversión, la omisión de información sobre su variable más importante —el saldo de la deuda—, cuyo no registro de información es castigado fuertemente por el indicador y sus pérdidas en sus niveles de holgura, que visibilizan un mayor compromiso de los ingresos corrientes de libre destinación en gastos de funcionamiento.

Publicado en Contexto Media

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