En momentos en que Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente de la República y definir el rumbo del país para los próximos años, tres centros de pensamiento del Caribe colombiano presentan: “Caribe 2030: prioridades para una agenda de desarrollo regional”, una hoja de ruta que busca posicionar los principales retos y oportunidades de la región en el centro del debate nacional.

La publicación, elaborada por Fundesarrollo, Cesore y Atarraya, reúne evidencia, diagnósticos e intervenciones públicas en áreas estratégicas para el desarrollo regional, con el propósito de aportar insumos concretos a los candidatos presidenciales y a los responsables de la toma de decisiones en los niveles nacional y territorial.

El documento parte de una realidad contundente: aunque el Caribe concentra cerca del 22% de la población colombiana, alberga el 41% de las personas que viven en condición de pobreza multidimensional. A ello se suman desafíos asociados a la generación de empleo de calidad, la inseguridad, la expansión del crimen organizado, la transición demográfica, las brechas educativas, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de garantizar servicios públicos e infraestructura acordes con las demandas de una región en crecimiento.

“Las decisiones que adopte el próximo gobierno nacional tendrán efectos determinantes sobre el bienestar y las oportunidades de millones de habitantes del Caribe. Por eso resulta fundamental que las prioridades de la región hagan parte de la conversación nacional y de la agenda de desarrollo del país”, señalan las organizaciones autoras del documento.

La cartilla identifica acciones prioritarias en once áreas clave: seguridad y crimen organizado, pobreza, salud pública, educación, mercado laboral, juventud, energía, infraestructura, sostenibilidad ambiental, demografía y transparencia. Su objetivo es contribuir a la construcción de intervenciones públicas más efectivas, adaptadas a las realidades territoriales y orientadas a cerrar brechas históricas. 

Más allá de un diagnóstico, “Caribe 2030” constituye un llamado a reconocer el papel estratégico de la región en el crecimiento económico, la transición energética, la competitividad y la cohesión social de Colombia. Las organizaciones promotoras destacan que el desarrollo nacional pasa necesariamente por impulsar un Caribe más productivo, seguro, equitativo y resiliente. 

“La agenda de desarrollo del país no puede construirse de espaldas a los desafíos y oportunidades del Caribe colombiano. Esta propuesta busca aportar evidencia y recomendaciones para que la región tenga un lugar prioritario en las decisiones que marcarán la próxima década”, afirman los centros de pensamiento. 

La publicación se encuentra disponible para consulta pública y está dirigida a candidatos presidenciales, congresistas, autoridades territoriales, sector privado, academia, medios de comunicación y ciudadanía interesada en el futuro de una de las regiones más importantes del país. 

Sobre Caribe 2030

Es una iniciativa conjunta de Fundesarrollo, Cesore y Atarraya que reúne análisis y propuestas para impulsar el desarrollo económico y social del Caribe colombiano, fortalecer sus instituciones y contribuir a la construcción de una visión de largo plazo para la región y el país. 

En momentos en que Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente de la República y definir el rumbo del país para los próximos años, tres centros de pensamiento del Caribe colombiano presentan: “Caribe 2030: prioridades para una agenda de desarrollo regional”, una hoja de ruta que busca posicionar los principales retos y oportunidades de la región en el centro del debate nacional.

La publicación, elaborada por Fundesarrollo, Cesore y Atarraya, reúne evidencia, diagnósticos e intervenciones públicas en áreas estratégicas para el desarrollo regional, con el propósito de aportar insumos concretos a los candidatos presidenciales y a los responsables de la toma de decisiones en los niveles nacional y territorial.

El documento parte de una realidad contundente: aunque el Caribe concentra cerca del 22% de la población colombiana, alberga el 41% de las personas que viven en condición de pobreza multidimensional. A ello se suman desafíos asociados a la generación de empleo de calidad, la inseguridad, la expansión del crimen organizado, la transición demográfica, las brechas educativas, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de garantizar servicios públicos e infraestructura acordes con las demandas de una región en crecimiento.

“Las decisiones que adopte el próximo gobierno nacional tendrán efectos determinantes sobre el bienestar y las oportunidades de millones de habitantes del Caribe. Por eso resulta fundamental que las prioridades de la región hagan parte de la conversación nacional y de la agenda de desarrollo del país”, señalan las organizaciones autoras del documento.

La cartilla identifica acciones prioritarias en once áreas clave: seguridad y crimen organizado, pobreza, salud pública, educación, mercado laboral, juventud, energía, infraestructura, sostenibilidad ambiental, demografía y transparencia. Su objetivo es contribuir a la construcción de intervenciones públicas más efectivas, adaptadas a las realidades territoriales y orientadas a cerrar brechas históricas. 

Más allá de un diagnóstico, “Caribe 2030” constituye un llamado a reconocer el papel estratégico de la región en el crecimiento económico, la transición energética, la competitividad y la cohesión social de Colombia. Las organizaciones promotoras destacan que el desarrollo nacional pasa necesariamente por impulsar un Caribe más productivo, seguro, equitativo y resiliente. 

“La agenda de desarrollo del país no puede construirse de espaldas a los desafíos y oportunidades del Caribe colombiano. Esta propuesta busca aportar evidencia y recomendaciones para que la región tenga un lugar prioritario en las decisiones que marcarán la próxima década”, afirman los centros de pensamiento. 

La publicación se encuentra disponible para consulta pública y está dirigida a candidatos presidenciales, congresistas, autoridades territoriales, sector privado, academia, medios de comunicación y ciudadanía interesada en el futuro de una de las regiones más importantes del país. 

Sobre Caribe 2030

Es una iniciativa conjunta de Fundesarrollo, Cesore y Atarraya que reúne análisis y propuestas para impulsar el desarrollo económico y social del Caribe colombiano, fortalecer sus instituciones y contribuir a la construcción de una visión de largo plazo para la región y el país. 

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

¿Qué está en juego para la región Caribe si no actuamos ya?

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

• Por los diversos motivos asociados a la crisis de la región, los cortes de energía podrían volverse más frecuentes y extensos, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, empresas, colegios y servicios clave para la vida diaria.
• Sin un servicio eléctrico confiable, la región pierde competitividad. La inversión —tanto nacional como extranjera— se aleja, y con ella las oportunidades de empleo y bienestar para su población.
• La falta de soluciones sostenidas mina la confianza en las instituciones y alimenta la frustración social.
• Sin acceso a energía constante y de calidad, se amplían las brechas sociales y se profundiza la precariedad en barrios y municipios que ya enfrentan múltiples carencias.

¿Qué se necesita para salir de la crisis energética en la región Caribe?

Tras varios años de modelos fallidos, la solución no puede seguir siendo apagar incendios. La región Caribe requiere un nuevo modelo de prestación del servicio eléctrico que entienda su realidad social, climática y económica.

¿Qué implica esto?

• • Resolver de fondo la situación de Air-e, con una decisión definitiva del Gobierno (como la liquidación o reestructuración) que permita saldar deudas, garantizar la continuidad del servicio y recuperar la confianza.
  • Asegurar el pago de las deudas acumuladas por parte del Estado, especialmente las relacionadas con subsidios no transferidos y pérdidas reconocidas por el regulador, para no seguir afectando la caja de los operadores.
  • Diseñar un nuevo esquema de operación y regulación regional, que tenga en cuenta las condiciones diferenciales de temperatura, pobreza y expansión urbana de la región.
  • Fortalecer la planeación de la demanda y oferta energética a nivel territorial, incorporando energías renovables, almacenamiento y proyectos comunitarios.
  • Mejorar los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas sobre inversiones, calidad del servicio y gestión empresarial de los operadores.

Consulta aquí vía El HERALDO