De acuerdo con un estudio de la Fundación para el Desarrollo del Caribe, Fundesarrollo, la estructura de los hogares en Barranquilla y su área metropolitana ha cambiado en la última década.

Cifras del DANE indican que cada vez más mujeres asumen la jefatura del hogar y, con ello, un rol central en el sostenimiento económico de sus familias. En diez años, la proporción de hogares con jefatura femenina pasó de 33% en 2015 a 42% en 2025, lo que representa un aumento cercano a 9 puntos porcentuales, una tendencia que también se observa en otras áreas metropolitanas del país.

Para los investigadores de Fundesarrollo, este resultado trasciende lo demográfico. “Estamos viendo una transformación en la organización económica de los hogares, y más allá del cambio en quién lidera, resulta fundamental caracterizar las condiciones en las que se ejerce este rol”, señalan.

Edades, ingresos laborales y nivel educativo

El análisis evidencia diferencias importantes en las condiciones económicas. Las mujeres jefas de hogar en 2025 registraron un ingreso laboral promedio cercano a $1,52 millones mensuales, frente a $2,16 millones en los hombres, lo que equivale a una diferencia aproximada del 30%.

“Aunque un número creciente de hogares depende de las mujeres, esto ocurre en un contexto donde los ingresos disponibles para su sostenimiento son, en promedio, menores”, advierten los investigadores.

A su vez, el perfil etario indica que este rol se concentra en edades adultas: cerca de tres de cada diez jefas de hogar tienen entre 30 y 44 años, una proporción similar se ubica entre 45 y 59 años, y un 32% tiene 60 años o más.

En términos educativos, predomina la formación intermedia. La mayoría de las jefas de hogar cuenta con educación secundaria o media (44%), mientras que una menor proporción ha alcanzado niveles universitarios o superiores (19%). En contraste, en ciudades como Bogotá, la participación de mujeres con educación universitaria es mayor, superando el 30%.

Alta participación en trabajo independiente

Otro de los hallazgos del estudio está relacionado con la inserción laboral de estas mujeres. Cerca del 49% trabaja por cuenta propia, mientras que alrededor del 36% se desempeña como asalariada en el sector privado.

El empleo se concentra principalmente en actividades de servicios como comercio (24%), alojamiento (15%) y educación (12%). Adicionalmente, el 9% se ocupa en actividades del hogar, la proporción más alta entre las ciudades analizadas, resalta la entidad.

El reto: convertir liderazgo en sostenibilidad económica

Para Fundesarrollo, el desafío no es solo reconocer la creciente jefatura femenina como una transformación estructural en la dinámica de los hogares, sino avanzar hacia un entorno que permita que este rol se traduzca en una mayor sostenibilidad económica de los núcleos familiares.

Entre las recomendaciones que comparten destacan:

• Orientar programas de formación hacia sectores con mayor demanda y mejores condiciones salariales;
• promover mecanismos efectivos de intermediación laboral;
• ampliar la cobertura y el acceso a servicios de cuidado infantil y atención a adultos mayores; y,
• consolidar sistemas robustos de información que permitan hacer seguimiento a las condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar.

Para más información consultar el documento de trabajo aquí.

De acuerdo con un estudio de la Fundación para el Desarrollo del Caribe, Fundesarrollo, la estructura de los hogares en Barranquilla y su área metropolitana ha cambiado en la última década.

Cifras del DANE indican que cada vez más mujeres asumen la jefatura del hogar y, con ello, un rol central en el sostenimiento económico de sus familias. En diez años, la proporción de hogares con jefatura femenina pasó de 33% en 2015 a 42% en 2025, lo que representa un aumento cercano a 9 puntos porcentuales, una tendencia que también se observa en otras áreas metropolitanas del país.

Para los investigadores de Fundesarrollo, este resultado trasciende lo demográfico. “Estamos viendo una transformación en la organización económica de los hogares, y más allá del cambio en quién lidera, resulta fundamental caracterizar las condiciones en las que se ejerce este rol”, señalan.

Edades, ingresos laborales y nivel educativo

El análisis evidencia diferencias importantes en las condiciones económicas. Las mujeres jefas de hogar en 2025 registraron un ingreso laboral promedio cercano a $1,52 millones mensuales, frente a $2,16 millones en los hombres, lo que equivale a una diferencia aproximada del 30%.

“Aunque un número creciente de hogares depende de las mujeres, esto ocurre en un contexto donde los ingresos disponibles para su sostenimiento son, en promedio, menores”, advierten los investigadores.

A su vez, el perfil etario indica que este rol se concentra en edades adultas: cerca de tres de cada diez jefas de hogar tienen entre 30 y 44 años, una proporción similar se ubica entre 45 y 59 años, y un 32% tiene 60 años o más.

En términos educativos, predomina la formación intermedia. La mayoría de las jefas de hogar cuenta con educación secundaria o media (44%), mientras que una menor proporción ha alcanzado niveles universitarios o superiores (19%). En contraste, en ciudades como Bogotá, la participación de mujeres con educación universitaria es mayor, superando el 30%.

Alta participación en trabajo independiente

Otro de los hallazgos del estudio está relacionado con la inserción laboral de estas mujeres. Cerca del 49% trabaja por cuenta propia, mientras que alrededor del 36% se desempeña como asalariada en el sector privado.

El empleo se concentra principalmente en actividades de servicios como comercio (24%), alojamiento (15%) y educación (12%). Adicionalmente, el 9% se ocupa en actividades del hogar, la proporción más alta entre las ciudades analizadas, resalta la entidad.

El reto: convertir liderazgo en sostenibilidad económica

Para Fundesarrollo, el desafío no es solo reconocer la creciente jefatura femenina como una transformación estructural en la dinámica de los hogares, sino avanzar hacia un entorno que permita que este rol se traduzca en una mayor sostenibilidad económica de los núcleos familiares.

Entre las recomendaciones que comparten destacan:

• Orientar programas de formación hacia sectores con mayor demanda y mejores condiciones salariales;
• promover mecanismos efectivos de intermediación laboral;
• ampliar la cobertura y el acceso a servicios de cuidado infantil y atención a adultos mayores; y,
• consolidar sistemas robustos de información que permitan hacer seguimiento a las condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar.

Para más información consultar el documento de trabajo aquí.

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

¿Qué está en juego para la región Caribe si no actuamos ya?

Un apagón no solo apaga la luz. Aunque no toda la economía se paraliza, las fallas eléctricas afectan sectores clave y ponen en riesgo la productividad, los ingresos y el bienestar de miles de familias en la región.

• Por los diversos motivos asociados a la crisis de la región, los cortes de energía podrían volverse más frecuentes y extensos, afectando no solo a los hogares, sino también a hospitales, empresas, colegios y servicios clave para la vida diaria.
• Sin un servicio eléctrico confiable, la región pierde competitividad. La inversión —tanto nacional como extranjera— se aleja, y con ella las oportunidades de empleo y bienestar para su población.
• La falta de soluciones sostenidas mina la confianza en las instituciones y alimenta la frustración social.
• Sin acceso a energía constante y de calidad, se amplían las brechas sociales y se profundiza la precariedad en barrios y municipios que ya enfrentan múltiples carencias.

¿Qué se necesita para salir de la crisis energética en la región Caribe?

Tras varios años de modelos fallidos, la solución no puede seguir siendo apagar incendios. La región Caribe requiere un nuevo modelo de prestación del servicio eléctrico que entienda su realidad social, climática y económica.

¿Qué implica esto?

• • Resolver de fondo la situación de Air-e, con una decisión definitiva del Gobierno (como la liquidación o reestructuración) que permita saldar deudas, garantizar la continuidad del servicio y recuperar la confianza.
  • Asegurar el pago de las deudas acumuladas por parte del Estado, especialmente las relacionadas con subsidios no transferidos y pérdidas reconocidas por el regulador, para no seguir afectando la caja de los operadores.
  • Diseñar un nuevo esquema de operación y regulación regional, que tenga en cuenta las condiciones diferenciales de temperatura, pobreza y expansión urbana de la región.
  • Fortalecer la planeación de la demanda y oferta energética a nivel territorial, incorporando energías renovables, almacenamiento y proyectos comunitarios.
  • Mejorar los mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas sobre inversiones, calidad del servicio y gestión empresarial de los operadores.

Consulta aquí vía El HERALDO