Publicado el 11 de agosto de 2020
En medio de la actual coyuntura, la necesidad de atender el déficit habitacional en el país será clave para la mitigación y supervivencia a la COVID-19.
A la luz de la primera pandemia global del siglo XXI, el ampliamente difundido mensaje de “quédate en casa” es una opción impracticable para unos 19.279 hogares colombianos que habitan en “viviendas tipo contenedor, carpas, tiendas, vagones, embarcaciones, cuevas y refugios naturales”, uno de los cuatro componentes de medición que hacen parte del ‘déficit habitacional cuantitativo’, cálculo metodológico elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane— que permite identificar los hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio, y para los cuales, ahora más que nunca, se hace necesario proveer nuevas viviendas al stock total.
Cifras como la arriba mencionada, que permiten dilucidar las condiciones de vida de miles de colombianos, se incluyen en el documento con los resultados del Déficit Habitacional para Colombia, de acuerdo con la información del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018 y con la actualización metodológica de 2020, esta última concertada con el Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y ONU-Hábitat.
Pero ¿cómo caracterizar una coyuntura en la que confluyen el déficit habitacional y los rigores de una pandemia? Para Jairo Parada, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Norte, “en el actual contexto se prevé una mayor concentración de los recursos en el sector salud y en los subsidios a los sectores productivos, por lo tanto, es muy posible que el sector vivienda salga duramente golpeado”. El académico además sostiene que “se le deja toda la iniciativa al sector financiero privado, y es un tiempo difícil para colocar créditos. La economía ha entrado en una recesión profunda”.
Si se tomara como un referente válido para Colombia que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2017 registraron un déficit cuantitativo de 3,9 %, la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) al cierre de 2022 termina por ser insuficiente, dice la directora de Fundesarrollo, Kelina Puche. El PND define como meta la iniciación de 520.000 Viviendas de Interés Social (VIS). El programa recientemente anunciado por el Gobierno consiste en la entrega de 200 mil subsidios; es decir, representa solo el 38 % de la meta.
Puche añade que, en el escenario de que la política resultara exitosa y se colocaran el ciento por ciento de los subsidios ofrecidos, el déficit cuantitativo se reduciría hasta 1.178.829, un punto porcentual menos frente a la cifra actual, pues lo lleva a un 8,3 % de los hogares, “dejando ver que la política resulta pequeña en comparación con la magnitud del problema”.
Según cálculos elaborados por Fundesarrollo y Contexto, si la magnitud del déficit actual se satisficiera exclusivamente con viviendas de interés prioritario, a precios de hoy se necesitarían aproximadamente 109 billones de pesos para eliminar el déficit cuantitativo en todo el país. Esto equivale al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, que totalizó los 1.062 billones de pesos. En la región Caribe, el costo para cerrar el déficit sería de 34 billones de pesos. Ese tipo de vivienda es el más económico en el mercado, regulada con un tope máximo de hasta 90 salarios mínimos legales vigentes (cerca de 79 millones de pesos), de acuerdo con el Decreto 46 de 2020.
Según cálculos elaborados por Fundesarrollo y Contexto, si la magnitud del déficit actual se satisficiera exclusivamente con viviendas de interés prioritario, a precios de hoy se necesitarían aproximadamente 109 billones de pesos para eliminar el déficit cuantitativo en todo el país.
Por otro lado, “los problemas habitacionales que presenta Colombia no son aislados con respecto a lo que se observa en el resto de América Latina”, afirma Sebastián Nieto Parra, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Aproximadamente un 21 % de la población urbana de la región vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas precarias, según datos de la oenegé Oxfam.
Resalta Nieto que, en el contexto actual de la pandemia, “las medidas de cuarentena tomadas por los países de la región, incluido Colombia, no se viven igual en todos los hogares. Grandes desigualdades en las economías lo hacen más difícil para los hogares más pobres y grupos tradicionalmente vulnerables. Estos no cuentan muchas veces con cuartos suficientes para evitar el hacinamiento o carecen de servicios básicos, lo que dificulta la vida y la convivencia durante el confinamiento, al igual que cumplir con condiciones de saneamiento como el continuo lavado de las manos para prevención de los contagios”.
LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA EN COLOMBIA, ENTRE EL DÉFICIT Y LA PANDEMIA
Otra de las cifras que llaman la atención del estudio realizado por el Dane es la de los 3,8 millones de hogares que se encuentran déficit habitacional cualitativo (un 26,78 % del total de hogares), indicador que identifica aquellos hogares con viviendas con deficiencias no estructurales, para las cuales es posible hacer mejoramientos o intervenciones que solucionan esos problemas para cumplir con condiciones de habitabilidad adecuadas.
Consultado por Contexto, el investigador de Fedesarrollo y exviceministro de vivienda, Víctor Saavedra, considera que la pandemia hace aún más urgente trabajar en los mejoramientos de vivienda en barrios subnormales, pues la transmisión es más rápida en barrios de origen informal.
“El confinamiento en condiciones de vivienda inadecuadas por paredes, servicios públicos, baños, cocina, entre otros, impone un impacto desproporcionado en los hogares de menores ingresos del país. En este momento, el Gobierno debe dar mensajes que impulsen la vivienda social y aumentar los recursos para los mejoramientos de vivienda”, destaca.
Al sumar los componentes cualitativo y cuantitativo, los hogares que sufren déficit habitacional alcanzan, aproximadamente, los 5,1 millones, un 36,6 % del total nacional de hogares. Los hogares que habitan viviendas étnicas o indígenas son excluidos de la medición.
En Colombia la política pública de vivienda colombiana enfrenta, entre otros, retos de tipo operativo, financiero, técnico y logístico. Para el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, “la emergencia ha afectado los cronogramas de obra de los proyectos y, en general, ha desacelerado el buen ritmo de ejecución de los programas”.
El jefe de esa cartera explica que más de una década después del Censo de 2005, y tras el reciente Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, “se observan importantes cambios en las condiciones demográficas del país que obviamente impactan el diseño de la política pública de vivienda”.
Entre 2005 y 2018 se conformaron 3,6 millones nuevos hogares, asimismo se redujo el tamaño promedio de los hogares, que pasó de 3,8 personas por hogar a 3,1 personas por hogar durante el mismo periodo, y aumentó el número de hogares unipersonales, que pasó de representar el 11,1 % del total en 2005, al 18,5 % en 2018.
En los 13 años que transcurrieron entre el censo de población de 2005 y el de 2018, el déficit de vivienda empeoró, pues se registró un aumento del déficit cualitativo de vivienda, que pasó de 23,4 % en 2005, a 26,78 % en 2018, explica Saavedra, quien además afirma que, si bien Colombia ha logrado reducir el déficit urbano y ha logrado ofrecer soluciones de vivienda social a través de subsidios, esto no es suficiente.
Actualmente, para reducir el déficit cuantitativo, el Gobierno Nacional ofrece dos programas: Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios. Además, cuenta con una iniciativa adicional en el marco de Mi Casa Ya para ayudar a las familias de menores ingresos a lograr el cierre financiero, esto es, la convergencia de subsidios del Gobierno Nacional con los de las Cajas de Compensación Familiar. Para reducir el déficit cualitativo, se implementa el programa Casa Digna, Vida Digna. En cuanto al tema presupuestal, el Gobierno comprometió en 2019 recursos por más de 10 billones de pesos para los programas de Mi Casa Ya, las coberturas a la tasa de interés para créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Semillero de Propietarios. Recursos que el Gobierno central, afirma Malagón, garantizarían la continuidad de la política de vivienda y los subsidios hasta el 2025. Además de estos programas, hace varias semanas se anunció la asignación de 200 mil subsidios para la compra de vivienda durante los próximos dos años.
Hacer de Colombia un país de propietarios enfrenta entre sus principales obstáculos la alta informalidad de los hogares y su baja capacidad adquisitiva, lo que limita sus posibilidades de ahorro. Avanzar en la reactivación generando fuentes de empleo formal que permitan mejorar las condiciones económicas de los hogares es clave para posibilitar el acceso al sistema financiero para la adquisición de vivienda digna”. Kelina Puche, directora de Fundesarrollo.
El Presupuesto General de la Nación (PGN), para el año en curso, destinado a ese ministerio es de 4,3 billones de pesos, de los cuales 1,6 billones de pesos son para vivienda.
¿Pero por qué en Colombia no se ha logrado reducir el déficit de vivienda? Para el economista Parada, en nuestro país las políticas públicas no han cubierto el déficit habitacional por insuficiencia de recursos, lo que obliga a que la mayoría de la población afectada resuelva el problema por medios como la autoconstrucción y la vivienda de tipo informal: “Es difícil acceder a los subsidios, pues hay muchas trabas en el sistema financiero, se exige vinculación laboral certificada, referencias, entre otros”. A juicio del académico, los programas del Gobierno son muy limitados al examinar los recursos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por su parte, el investigador de Fedesarrollo cree que el programa de mejoramiento de vivienda y barrios que el Gobierno denominó Casa Digna, Vida Digna, junto a los mejoramientos rurales, deben tener mayor prioridad cada año y debe ser punto focal de la política de vivienda. Según cifras del portal web del Ministerio de Vivienda, ese programa, lanzado en 2018, proyecta realizar 600.000 mejoramientos de vivienda hasta el año 2022, que sacarían a un millón de personas de la pobreza.
A las particularidades del déficit habitacional colombiano debe sumarse el fenómeno migratorio, que se ha intensificado en años recientes. “Este es, por supuesto, un factor que genera presiones adicionales sobre los requerimientos de vivienda en las distintas regiones del país”, afirma el ministro Malagón.
Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con corte al 31 de marzo de 2020, había un total de 1.809.872 ciudadanos venezolanos en Colombia. En respuesta a estos cambios, el mercado de vivienda se ha transformado. El país pasó de iniciar en promedio la construcción de 113.000 viviendas por año (2000-2009) a 218.000 por año (2010-2019), lo cual implicó casi que duplicar la escala de producción de vivienda respecto a la década pasada.
Dado que la más reciente medición de déficit habitacional corresponde a la información recogida por el Dane en el Censo de Población y Vivienda del año 2018, el déficit habitacional de 36,6 % de los hogares (cuantitativo y cualitativo) no alcanza a recoger la totalidad del fenómeno migratorio en Colombia. No obstante, la imposibilidad de muchos migrantes de pagar arriendo o cuota de vivienda y la pandemia por coronavirus han obligado a los venezolanos a regresar a su país.
“Pese a esto, es un hecho que hay una población migrante que puede influenciar estos resultados y que requiere soluciones habitacionales. Se necesitan más acciones de política pública para hacer frente a esa realidad”, señala Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción —Camacol.
La representante del gremio constructor expresa que las acciones tomadas por el Gobierno a través de diferentes programas son aún más relevantes en el contexto de la COVID-19, y, en este sentido, cita un estudio de la Universidad de los Andes sobre los efectos de la crisis actual que concluye que Colombia retrocederá en los avances hechos durante este siglo para la reducción de la pobreza y la desigualdad. “En la medida que este riesgo se materialice, los hogares desmejorarán en su medición de pobreza multidimensional, la cual incluye factores asociados a la vivienda”, destaca Forero.
EL CARIBE COLOMBIANO, EL GRAN RETO
Para Saavedra, el Caribe colombiano tiene un crecimiento urbano grande en barrios de origen informal. Las grandes ciudades de la costa Caribe deben trabajar en consolidar los barrios que se han creado en las últimas décadas. Sin embargo, es también en estas ciudades donde se concentra la mayor oferta de vivienda social.
“Por ejemplo, Soledad es el segundo municipio con mayor oferta social del país. Los municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes de la región como Fonseca, en La Guajira, o Malambo, en Atlántico, tienen enormes retos. Deben impulsarse proyectos para estos municipios”, concluye.
Para el Caribe colombiano, incluido el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se necesitarían 429.042 viviendas nuevas, sin contar aquellas que deberían repararse para mejorar su habitabilidad, según la información del Censo de Población y Vivienda de 2018. Los materiales de las paredes y el techo son un enorme problema en la costa Pacífica, en la Amazonía y, en menor medida, en la costa Caribe, donde se presentan más problemas en las condiciones de las viviendas que pueden ser mitigados, como el acceso a servicios públicos y los pisos de tierra.
Parada sostiene que los recursos estimados para atender esta demanda están calculados, pero los gobiernos departamentales y municipales no tendrán recursos para ello. “Con las metas que tiene el Gobierno apenas se atenderían, en el mejor escenario, cerca de un 5 % de las necesidades”, señala.
Cifras del programa Mi Casa Ya, proporcionadas por el ministro de Vivienda, indican que durante el actual Gobierno se han asignado más de 19 mil subsidios en los ocho departamentos de la región Caribe, lo que representa el 30 % del total de asignaciones en todo el país. Según este indicador, diariamente 29 familias de la región se han convertido en propietarias gracias a los subsidios para la compra de vivienda.
Ahora bien, de las 14 ciudades con las que se suscribieron convenios para mejoramiento de vivienda en el marco del programa Casa Digna, Vida Digna, cinco son de la región Caribe: Soledad, Valledupar, Santa Marta, Riohacha y Cartagena. Esto convierte al Caribe en la región con más convenios para mejoramiento de vivienda en el país.
De acuerdo con la herramienta Coordenada Urbana de Camacol, para abril de 2020 en la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre) existía una oferta de 22.995 unidades de vivienda nueva disponibles para la venta, de las cuales el 45 % son de Vivienda de Interés Social (VIS).
HABLAN LOS EXPERTOS
En la coyuntura actual, ¿qué depara el futuro cercano para el escenario económico y de generación de vivienda? Para el economista Jairo Parada, en un panorama de agudización de la problemática derivada de la pandemia, la pobreza subirá un 10 % y se perderán los esfuerzos logrados en las últimas dos décadas, motivo por el que considera clave una estrategia de reactivación económica. Desafortunadamente, aduce, “este Gobierno quiere una pandemia barata, no apoya la renta básica y no se le ve mayor voluntad de atacar este tema con recursos públicos”.
Por su parte, el investigador de Fedesarrollo, Víctor Saavedra, opina que se debe lograr que los subsidios lleguen a los hogares que ganan un salario mínimo o menos, ya que es en estos segmentos en donde el impacto es más alto, como resultado de la pandemia.
“El déficit de vivienda en los municipios de menos de 100.000 habitantes y en la zona rural ha aumentado y los programas no han sido efectivos en este tipo de municipios”, afirma el experto, para quien deben priorizarse los recursos de emergencia en atender la zona rural y lanzar un ambicioso programa en municipios pequeños.
La directora de Fundesarrollo, Kelina Puche, señala que hacer de Colombia un país de propietarios enfrenta entre sus principales obstáculos la alta informalidad de los hogares y su baja capacidad adquisitiva, que limita sus posibilidades de ahorro. “Esta condición, hace a los hogares más vulnerables de cara a la pandemia, teniendo en cuenta que sus fuentes de ingresos se encuentran restringidas. Avanzar en la reactivación generando fuentes de empleo formal que les permita mejorar las condiciones económicas de los hogares es clave para posibilitar el acceso al sistema financiero para la adquisición de una vivienda digna”, precisa.
Nieto Parra, de la OCDE, resalta que las desigualdades regionales, “que son particularmente acentuadas en Colombia, también se ven en temas de escasez habitacional”, puesto que los mayores déficits, según el Dane, están en departamentos periféricos y con menores niveles de desarrollo socioeconómico como Vichada, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Chocó, con niveles superiores al 90 %.
Así lo expresa también Puche, cuando indica que hay una brecha en la materia entre el campo y la ciudad que se expande con el tiempo, “ofreciendo una lectura de que el enfoque de la política de vivienda en el país ha estado más concentrado en las ciudades que en el campo”.
En conclusión, en un escenario de pandemia como el actual, queda al desnudo, más que nunca, la necesidad de un acertado manejo y superación del déficit habitacional del país que permita a millones de hogares colombianos recobrar el abrigo de un techo digno, una de las claves para la supervivencia y la mitigación del riesgo de la COVID-19 para millones de hogares.
EL DATO EN CONTEXTO
Tras la crisis por la pandemia se han adoptado 13 medidas en materia de vivienda, como la circular expedida por la Superintendencia Financiera que autoriza periodos de gracia a los colombianos que no pudieron seguir pagando las cuotas de sus crédito; el Decreto 493 del 2020, que busca proteger a los beneficiarios de las coberturas a la tasa de interés; el Decreto 579 de 2020, que dicta medidas para proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios, y, en términos generales, la prohibición de los desalojos y la congelación de los reajustes del canon de arrendamiento, así como el establecimiento de acuerdos de pago sin intereses de mora y penalidades, y la prórroga de la vigencia de los contratos de arrendamiento vigentes hasta el pasado 30 de junio.