Publicado el 19 de abril de 2020
Especialistas en temas de migración plantean, a su juicio, las situaciones que ha motivado a los ciudadanos venezolanos a regresar a su país, ante la crisis sanitaria desatada por la COVID-19 en la región.
Hasta el pasado miércoles, Migración Colombia señaló que poco más de 35.000 venezolanos, de los más de 1,8 millones radicados en el país, retornaron de manera voluntaria a Venezuela por cuenta de la crisis sanitaria desatada por la COVID-19.
Pero, ¿por qué en medio de una pandemia como la actual esta población, catalogada como vulnerable, ha decido retornar a un país cuya situación económica, política y social se agrava cada día?
La respuesta al anterior interrogante tiene varios enfoques por parte de especialistas en temas de migración. Hay quienes aseguran que la falta de una verdadera política de inclusión sociocultural acrecentó la vulnerabilidad de esta población a lo largo de los últimos meses, mientras que otros consideran que la desinformación, la xenofobia y la falta de una red de apoyo se convierten en el combustible para que el fenómeno del retorno se acreciente.
En parte, la primera tesis está sustentada en un documento elaborado por Fundesarrollo, la Universidad del Norte, ProBarranquilla, Cámara de Comercio de Barranquilla, Barranquilla Cómo Vamos, Intergremial y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI seccional Atlántico, en el que dichas entidades ofrecieron recomendaciones a la administración Distrital de Barranquilla, a través de varios informes para atender, entre otras, la migración en la ciudad.
El documento ‘Propuesta de políticas públicas en Migración’ señala que el 47% de los venezolanos en Barranquilla se encuentran en condición de irregularidad, teniendo en cuenta que Migración Colombia señala que en el área metropolitana, a corte de diciembre de 2019, había cerca de 140.604 personas de esta población.
Además, el informe agrega que el 55,5% de los migrantes manifiesta que se ha sentido discriminado en la ciudad.
La investigación señala que la tasa de desempleo para migrantes en la ciudad es 10 puntos porcentuales más alta que la de los colombianos y la participación laboral para migrantes ronda el 80%, “indicador que para los colombianos residentes alcanza el 61%, lo cual indica que los primeros llegaron a trabajar”.
Otras cifras que el documento resalta es que el 96% de la población migrante no ha convalidado sus títulos académicos, “ya sea porque lo creen innecesario, porque requieren documentos que su país no provee, o porque consideran que el proceso es costoso”.
Kelina Puche Carrascal, directora de Fundesarrollo, identificó que la falta de una red de apoyo (ya sea familiar o social) podría ser otro factor por el que los venezolanos están decididos a retornar.
“Acá esta población estaba en la consolidación de nuevas relaciones. Allá tienen un familiar o un núcleo sobre el cual se podrían apoyar. Eso los lleva a retornar, incluso conociendo cómo está la situación en Venezuela”, señaló Puche.
Así las cosas, ante esta problemática, la investigación de las entidades propuso en su momento “cambiar la convalidación de títulos académicos por exámenes de aptitud. Jornadas de capacitación a empresarios sobre el proceso de vinculación laboral al migrante. Bonos de impacto social que promuevan la inclusión laboral, así como acceso a los canales locales de empleo”.
Y destacan que se deben impulsar iniciativas de inclusión sociocultural “complementadas con un acompañamiento psicosocial al migrante y a su entorno para su integración”.
Para Juan Carlos Viloria, vicepresidente de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla, el actual fenómeno de los retornados, producto de la crisis sanitaria, se debe a la falta de una información clara y oportuna no solo de los decretos emitidos por el Gobierno nacional en favor de los migrantes, sino de las diferentes ayudas que ofrecen los entes territoriales, asociaciones civiles y organismos internacionales, además del desconocimiento de cómo está operando la frontera y cuál es la situación a la que se tienen que enfrentar una vez cruzan hacia Venezuela.
“Nosotros no podemos promover el retorno de los venezolanos. Entendemos la situación, pero nos enfocamos en advertir los riesgos a los que se exponen si deciden regresar. Somos enfáticos en resaltar que los gobiernos de la región han anunciado ayudas para minimizar los riesgos de toda la población”, señaló Viloria.
El dirigente venezolano destacó que ve “con preocupación” cómo la medida de prohibición de desalojos y cobros de arriendos no se está cumpliendo. “Hemos intentado mediar para que esta situación no derive en que nuestros hermanos queden en la calle y sin acceso a los servicios básicos”.
Según Viloria, en el país hay 22 organizaciones reunidas bajo la coalicón por Venezuela que han tocado las puertas en todos los organismos para conseguir recursos en alimentos y kits de aseo para ser distribuidos entre la población migrante.
“Las personas que están pensando en irse deben orientarse e informarse. La información de los decretos y las resoluciones debe difundirse de manera clara para que la población la conozca”, puntualizó Viloria.
El líder venezolano en Barranquilla precisó que las fronteras están cerradas y solo está habilitado en Cúcuta un corredor humanitario para que los migrantes retornen a su país.
“Una vez los venezolanos crucen, los agentes de migración en Venezuela dan la entrada solo a 200 personas por día. Hay una irresponsabilidad de alcaldes, que a través de campañas engañosas, suben a los migrantes a buses, como muestra de solidaridad, y los mandan a la frontera”, detalló el vicepresidente de la Asociación.
Felipe Vernaza, delegado de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, no se distancia de las anteriores posibles causas para que los venezolanos se vean en la necesidad de retornar a su país, pero resalta que hay una razón que han podido identificar con certeza y es el miedo y la xenofobia hacia la población migrante debido a que los relacionan directamente como portadores de la COVID-19.
“Esta población no tiene acceso directo a un sistema de salud y sus dinámicas de vida los hacen vulnerables, pero no quiere decir que por eso tienen el virus asintomático”, señala el funcionario.
Destaca Vernaza que, en las últimas semanas, ha sido sistemático el hecho de que a los migrantes los están desalojando de las viviendas y cuartos donde estaban viviendo al no tener cómo pagar las estadías, sumado a la sensación de temor por ser venezolanos.
“Ha habido, sin dudas, un proceso de desconocimiento de las instituciones para garantizar el derecho de los venezolanos migrantes. No todos saben que el artículo 100 de la Constitución Política señala que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos; es decir, la Constitución es garantista”, explicó el delegado de Movilidad Humana.
El funcionario puntualizó que ningún alcalde o gobernador puede presionar a los migrantes para que abandonen las ciudades, ya que estaría violando el principio de no devolución que es fundamental en el derecho internacional, porque prohíbe al país que recibe refugiados devolverlos a su origen.
“El principio que demarca el retorno de un migrante es la voluntad. Si el gobernante no revisa, estaría violando el principio de no devolución de la Convención de 1951 sobre Refugiados. Colombia es defensor de estos mecanismos internacionales, ante eso hay que ser cuidadoso. Lo primero que hacemos cuando nos encontramos con los retornados es indagar si en efecto la movilización se está dando de forma voluntaria”, detalló Vernaza.
Los especialistas coinciden en que estos desplazamientos masivos deben ser coordinados entre las distintas autoridades que atienden a la población de venezolanos con el fin de evitar una revictimización de los migrantes y poder marcar un tema de garantías de los Derechos Humanos.
David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, en diálogo con EL HERALDO señaló que el fenómeno de retornados de Colombia y la región se debe a la cercanía con el país de origen.
“Hemos podido identificar que estas personas también quieren estar con sus familiares en Venezuela, ante el temor de que puedan contagiarse y no estar cerca para poder ayudarlos”, manifestó Smolansky.
Destacó el funcionario que además ve con preocupación el trato que el Gobierno le ha dado a los retornados.
“Ha sido un trato cruel y denigrante el trato que han recibido. Son expuestos en aglomeraciones en albergues, sin alimentos y agua y hasta victimas de extorsiones han sido por parte de funcionarios que les piden dinero para ser llevados a sus ciudades de origen”, dice el funcionario.